Colombia atraviesa un periodo de profunda inmovilidad institucional. Mientras la oposición política obstruye sistemáticamente las iniciativas del Ejecutivo —sin importar su conveniencia para el país—, el gobierno nacional parece haber renunciado a gobernar y permanece en modo campaña, dejando en segundo plano las transformaciones estructurales que prometió.

Un Congreso que legisla según conveniencia

En contraste con la agilidad del Congreso en 2002, cuando aprobó la reforma laboral que eliminó recargos nocturnos, dominicales y horas extra, hoy el mismo poder legislativo hace todo lo posible para bloquear sin debate la nueva reforma laboral propuesta por el actual gobierno. La estrategia ha sido contradictoria: se archivó la iniciativa sin discusión y luego se apeló la decisión, no para avanzar el debate, sino para impedir una Consulta Popular.

Un hecho que ha causado indignación nacional fue la autorización al senador Ciro Ramírez para votar en el Senado directamente desde la cárcel, en una sesión clave sobre la Consulta. Aunque Ramírez enfrenta cargos de corrupción relacionados con el escándalo de las “marionetas” durante el gobierno de Iván Duque, la Corte permitió su salida para ejercer su voto. Esta maniobra fue facilitada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, lo que muchos califican como una nueva “jugadita” política.

Oposición sin propuestas, gobierno sin ejecución

La falta de voluntad política para debatir reformas laborales de fondo demuestra que la oposición no está interesada en mejorar las condiciones de los trabajadores. Desde hace más de dos décadas, millones de colombianos perdieron beneficios laborales con la promesa de mayor empleo y formalización, promesas que nunca se cumplieron.

Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro también ha fallado en su responsabilidad. Pese a contar con un amplio poder presidencial y años por delante en su mandato, ha adoptado una narrativa en la que culpa al sistema por la parálisis, mientras se dedica a confrontar en las calles y en redes sociales, en lugar de gobernar desde la institucionalidad.

Además, la inestabilidad en el gabinete presidencial ha generado un “carrusel de funcionarios” que apenas se acomodan en sus cargos cuando ya están saliendo, en medio de escándalos y conflictos internos. Esta situación compromete gravemente la ejecución de políticas públicas, afectando a millones de ciudadanos que esperan soluciones concretas.

El país sigue atrapado entre dos extremos

Colombia parece atrapada entre una oposición que bloquea sin proponer y un gobierno que prefiere pelear antes que ejecutar. Mientras tanto:

  • El crecimiento económico continúa por debajo de su potencial.

  • La creación de empleo formal sigue estancada.

  • La violencia y el conflicto armado persisten en varias regiones del país.

¿Y ahora qué?

El escenario actual exige con urgencia una alternativa política que piense en el bien común, que esté dispuesta a construir consensos para sacar adelante reformas sociales, económicas y políticas. Si la clase política continúa enfocada únicamente en cálculos electorales a corto plazo, Colombia seguirá condenada a la parálisis.