Un reciente análisis sobre la situación de orden público en Colombia alerta de un aumento significativo de delitos como el secuestro extorsivo y la extorsión, así como de mayores desafíos para las instituciones de seguridad en varias regiones del país.

Un repunte sostenido de los secuestros extorsivos

La seguridad ciudadana en Colombia atraviesa un momento de especial complejidad. De acuerdo con datos expuestos por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el número de secuestros extorsivos ha registrado un incremento relevante en los últimos años, pasando de cifras cercanas a los 100 casos anuales a un promedio aproximado de 400 víctimas por año.

Este aumento, según el análisis, refleja un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en determinadas zonas del país y una mayor presión sobre la población civil y el sector productivo.

Extorsión: un delito en expansión

El fenómeno no se limita al secuestro. Las denuncias por extorsión también muestran una tendencia al alza. Las cifras actuales apuntan a más de 13.000 casos reportados anualmente, frente a menos de 2.000 en periodos anteriores, lo que supone un crecimiento de gran magnitud.

Este tipo de delito afecta especialmente a pequeños comerciantes, transportistas y trabajadores independientes, y se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad en varias regiones, según datos disponibles de la
Fiscalía General de la Nación y el
Ministerio de Defensa Nacional.

Disputas territoriales y presencia de grupos armados

El análisis también señala que una parte significativa del territorio nacional enfrenta disputas entre distintos grupos armados organizados. Aproximadamente el 20 % de los municipios del país, unos 232 en total, presentan escenarios de confrontación entre diferentes estructuras ilegales.

En una proporción relevante de estos municipios coinciden tres o más grupos, lo que incrementa la complejidad del control territorial y agrava el impacto sobre las comunidades locales.

Retos para la Fuerza Pública

Otro de los puntos abordados es la situación operativa de la Fuerza Pública. Según testimonios recogidos en el análisis, existen dificultades estructurales que limitan su capacidad de respuesta, entre ellas:

  • Restricciones presupuestarias para mantenimiento y movilidad.

  • Escenarios de negociación que generan incertidumbre operativa.

  • Falta de claridad en el respaldo institucional para determinadas acciones contra organizaciones criminales.

Estos factores, según se expone, influyen directamente en la efectividad de las estrategias de seguridad y control del territorio.

Un debate abierto sobre el modelo de seguridad

El análisis concluye señalando que la evolución de la seguridad será uno de los temas centrales del debate público en los próximos años. Las decisiones en materia de política de seguridad y fortalecimiento institucional serán clave para definir el rumbo del país en términos de protección ciudadana, actividad económica y estabilidad territorial.

Este contexto sitúa la seguridad como un eje prioritario de discusión de cara a los próximos procesos electorales y a la definición del modelo de país que Colombia quiere construir.